¿QUIEN VIGILA AL VIGILANTE?

Tomás Gil Márquez.

Miembro del Grupo de Investigación “Las transformaciones del Estado como consecuencia de las tensiones entre la libertad y la seguridad” de la Universidad Autónoma de Barcelona.


Los recientes acontecimientos sucedidos en la localidad madrileña de Coslada nos deben hacer reflexionar en una cuestión de vital importancia para el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas: la transparencia y los mecanismos de control habilitados para garantizarla. Debemos recordar que la sociedad actual de principios del siglo XXI es el resultado de un proceso de evolución histórico que es el que nos ha permitido la consolidación del Estado de Derecho como garantía y límite a la acción del propio Estado, el cual entre otros de sus muchos atributos presenta el del monopolio de la coacción legítima, el cual lleva a la práctica a través de una institución fundamental en los ordenamientos democráticos: la Policía.

La Policía se nos presenta así como un instrumento que en su actuación puede llegar incluso a limitar nuestros derechos más importantes en aras al cumplimiento de su mandato constitucional que establece nuestra Constitución en su artículo 104. Esa función policial debe estar guiada por los principios que la justifican y dentro de los límites que se han establecido para garantizar su sujeción al Estado de Derecho. Consecuentemente las extralimitaciones que se puedan producir deben ser corregidas y reconducidas en beneficio de la confianza que los ciudadanos depositan en la Policía en los ordenamientos democráticos , como es el nuestro, máxime aún cuando nuestra reciente historia nos enseña las consecuencias que de derivan de la actuación de la Policía bajo regímenes no democráticos, como el caso del la Dictadura franquista y las vulneraciones que a su amparo se produjeron por parte de la policía en el ámbito de la violación de los derechos humanos.

Es evidente que no sólo debemos disponer de una policía formada en las más avanzadas técnicas de investigación criminal, si no que es presupuesto indispensable de una moderna policía de corte democrático el haber sido formada en los principios democráticos y éticos, en el respeto a los derechos humanos , presupuestos sin los que de poco sirven los conocimientos técnicos por muy sofisticados que puedan llegar a ser. Por lo que, y a la vista de los recientes sucesos acaecidos en la localidad madrileña de Coslada, y otros que también sucedieron pero que no que no deben quedar en el olvido como el caso Nani, el caso Venero, el asunto Lasa y Zabala, Asuntos todos ellos que sucedieron en nuestra reciente historia y que afectaron gravemente la credibilidad del Estado en las décadas de los años ochenta y noventa, por suponer una clara vulneración de los límites que no deben ser sobrepasados jamás: el respeto a los derechos humanos. El caso Nani , secuestro y desaparición de un joven con antecedentes policiales por parte de un grupo de policías; el caso Lasa y Zabala , dos jóvenes vascos secuestrados y muertos como consecuencia de las torturas que sufrieron por parte de miembros de la Guardia Civil, condenados más tarde por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en fecha 26 de abril del 2000 y ratificada posteriormente por el Tribunal Constitucional al desestimar el recurso de amparo formulado contra la sentencia que les había condenado.

Consecuentemente de impone la necesidad de ahondar en los mecanismos de prevención de tales conductas criminales para garantizar que no se quiebre la confianza ciudadana en la Policía, confianza que es la clave del éxito de la labor policial en los sistemas democráticos.

No cabe duda que ejercer la profesión policial en un sistemas de libertades no es tarea fácil, estamos sujetos a las transparencia de nuestras actuaciones y a rendir cuentas de nuestra trabajo, así debe ser. Tenemos límites en nuestra función y nosotros mismos, los policías debemos admitir que un policía delincuente es la mayor perversión de una verdadera profesión policial , caracterizada por la honestidad y la profesionalidad de sus componentes. No defraudemos la confianza en nosotros pero tampoco relativicemos los actos de corrupción cuando se producen , pues en primera línea de lucha contra estos supuestos debemos situarnos los policías.

Deben , consecuentemente , ser fortalecidos y mejorados los controles previos, el acceso a la profesión policial, y los posteriores, a través de una formación continua en el ámbito deontológico para evitar que se puedan repetir sucesos lamentables que tanto perjudican la buena labor que en estos años de desarrollo democrático han realizado muchos anónimos policías locales en beneficio de nuestra ciudadanía.

Los aparatos judicial y policial son claves en el normal desarrollo de la vida democrática, la acción democrática no es tan sólo un estado formal , es algo más, es un verdadero ejercicio diario y permanente que se debe traducir entre otras cosas en vigilar al vigilante para evitar que se produzcan “vías de agua” en el Estado de Derecho.